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La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, desestimó este martes la existencia de una situación crítica en Mexicali, municipio de Baja California colindante con la frontera estadounidense. Estas declaraciones surgen como respuesta a la advertencia emitida por el gobierno de Estados Unidos sobre un potencial peligro en la zona. Durante su habitual encuentro matutino con la prensa, la jefa del Ejecutivo federal detalló que los reportes iniciales señalaban la supuesta presencia de una organización delictiva en la región, un dato que no estaba completamente corroborado pero que motivó a la Embajada estadounidense a difundir el aviso con base en reportes de sus propias dependencias de inteligencia. Asimismo, puntualizó que no se dispone de mayores precisiones sobre la índole de la advertencia, limitándose por ahora a un llamado a la prevención y al reforzamiento de la seguridad en el municipio norteño.

Sheinbaum Pardo recalcó que tanto las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad a nivel nacional como la administración estatal de Baja California se mantienen en un estado de constante monitoreo y supervisión tras el aviso de Washington. No obstante, la presidenta enfatizó nuevamente que carecen de reportes que confirmen un peligro real o específico para la población, reiterando que la situación actual en el territorio fronterizo no representa un escenario de emergencia o desestabilización.

Por su parte, la administración estadounidense determinó pausar temporalmente sus operaciones consulares y gubernamentales, además de prohibir el traslado de sus funcionarios a Mexicali —localidad limítrofe con Calexico, California— durante la jornada del 25 de agosto. La determinación se tomó tras recibir reportes sobre un posible riesgo latente, cuyos detalles específicos no fueron esclarecidos de manera oficial. Esta medida fue dada a conocer de forma pública mediante un comunicado emitido por la representación diplomática de Estados Unidos ubicada en la ciudad de Tijuana.

Aunado a la suspensión de actividades oficiales, las autoridades del país vecino exhortaron a sus connacionales a mantenerse alejados de las oficinas e instalaciones del gobierno en Mexicali. De igual manera, se les recomendó buscar resguardo seguro ante cualquier eventualidad de riesgo, acatar estrictamente las indicaciones emitidas por los cuerpos de seguridad del Estado mexicano y mantenerse constantemente informados a través de los canales de comunicación y medios informativos locales.

En ese sentido, la presidenta de la República ratificó que, hasta el momento, las corporaciones mexicanas tampoco han recibido información adicional que aclare la procedencia o los fundamentos de la alerta estadounidense. No obstante, versiones periodísticas locales sugieren que la movilización se originó por supuestas intenciones de la célula delictiva autodenominada como ‘Los Rusos’ de perpetrar atentados dirigidos a las instalaciones de la Policía Municipal y a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la capital bajacaliforniana durante ese mismo martes.

Ante este panorama, la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila, comunicó que se ha implementado un robusto despliegue de seguridad pública mediante acciones conjuntas que involucran a corporaciones municipales, estatales y federales. A través de sus plataformas digitales, la jefa del ejecutivo estatal garantizó que las tareas de patrullaje preventivo y vigilancia se ejecutan de manera ininterrumpida con el propósito de salvaguardar la integridad física y la paz social de las familias que habitan en la región de Mexicali.

Este reciente llamado de alerta por parte de Washington se suma a una serie de recomendaciones previas motivadas por los niveles de delincuencia registrados en territorio nacional. Cabe destacar que, desde agosto de 2025, el Departamento de Estado de la Unión Americana mantiene una estricta recomendación de evitar traslados hacia media docena de entidades federativas en México, además de sugerir un alto nivel de precaución en otros puntos geográficos debido a las condiciones de riesgo vinculadas a delitos de alto impacto como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, asaltos y cobros de piso.