México crece poco… y todo cuesta más

El territorio mexicano no atraviesa ninguna etapa de recesión ni experimenta complicaciones inflacionarias severas, un escenario que invita a examinar las estadísticas con sobriedad, alejándose tanto del pesimismo infundado como de la autocomplacencia. Durante la primera mitad del mes de agosto, la tasa de inflación interanual experimentó un repunte hasta situarse en el 3.26%, superando el 3.10% registrado un mes antes, al tiempo que la variante subyacente conservó su solidez al colocarse en el 3.93 por ciento.

De manera simultánea, la actividad económica demostró un dinamismo considerable durante el segundo trimestre del año, logrando una expansión del 1.4% en comparación con el periodo precedente y un incremento del 2.1% frente al mismo ciclo del año pasado. Si bien estos marcadores superan las proyecciones pesimistas que prevalecían meses atrás, resultan insuficientes para celebrar de forma definitiva, ya que el país avanza a un ritmo inferior al requerido para elevar de manera permanente el poder adquisitivo, solventar las obligaciones de carácter social y abatir las desigualdades acumuladas históricamente.

El comportamiento actual de los precios tampoco representa un motivo de alerta por sí mismo, manteniéndose dentro del margen previsto por el Banco de México, el cual contempla un objetivo del 3% con una variación de más o menos un punto porcentual. Sin embargo, la inflación subyacente —que prescinde de los elementos con mayor nivel de volatilidad para reflejar con precisión la tendencia constante en los costos— continúa perfilándose alrededor del 4 por ciento.

En consecuencia, el banco central adopta una postura conservadora y carece del margen de maniobra necesario para reducir las tasas de interés de forma acelerada mientras permanezcan los peligros inflacionarios, particularmente en el sector de servicios. Esto se traduce en financiamientos que continúan siendo costosos para los hogares y las corporaciones, privando a la economía de un estímulo monetario agresivo que impulse artificialmente el incremento de la actividad productiva.

Por lo tanto, la problemática económica nacional no puede evaluarse únicamente cuestionando si el Producto Interno Bruto experimentó crecimiento en un periodo determinado o si el índice de precios disminuyó ligeramente. El cuestionamiento fundamental radica en determinar qué porcentaje de esa expansión se refleja efectivamente en la economía doméstica de las familias y en qué medida se convierte en capacidad productiva para el porvenir.

Una nación puede registrar una expansión del dos por ciento y continuar experimentando carencias si las demandas de la población, los requerimientos estatales y los compromisos presupuestarios se incrementan a mayor velocidad. Asimismo, es posible mantener una inflación relativamente controlada mientras los costos de los bienes y servicios continúan siendo elevados para millones de ciudadanos, debido a que el poder de compra sacrificado durante los años de carestía no se recupera automáticamente solo porque el indicador inflacionario desacelere su marcha.

En este punto surge una de las complejidades de las mediciones estadísticas, dado que al disminuir la inflación los costos no descienden de manera obligatoria, sino que incrementan su valor de forma más pausada. El núcleo familiar que destina mayores recursos económicos a la alimentación, vivienda, transporte y educación no habita dentro de las mediciones oficiales del índice de precios, sino en la realidad de un presupuesto cotidiano que sigue soportando presiones a pesar de que la macroeconomía alcance ciertos niveles de equilibrio.

De este modo, el reto principal para el país ya no se limita a supervisar un indicador numérico, sino a garantizar que la estabilidad, la productividad y el crecimiento económico se traduzcan en una mejor calidad de vida y mayor poder de compra para la ciudadanía.

Adicionalmente, la nación enfrenta otro obstáculo que se manifiesta con mayor nitidez: la reducción en el margen de maniobra de las finanzas públicas. Las pensiones, las transferencias económicas a las entidades federativas, los programas de asistencia social y la amortización de la deuda consumen una porción considerable del gasto gubernamental, limitando severamente la disponibilidad de recursos para la inversión pública.

Esta circunstancia obliga a replantear un debate postergado por demasiado tiempo: no existe la posibilidad de sostener una política de bienestar social a largo plazo si carece de una base económica sólida capaz de financiarla. Los programas de asistencia pueden resultar sumamente útiles e indispensables para proteger a los sectores más vulnerables de la población, y sería un error catalogarlos simplistamente como un gasto sin retornos.

Dichas iniciativas han favorecido los ingresos de millones de personas, consolidándose como un mecanismo legítimo de redistribución de la riqueza, aunque una mejor distribución no sustituye la necesidad de generar mayor producción. Un gobierno puede entregar apoyos económicos en el presente, pero para asegurar su continuidad durante las próximas décadas es imperativo contar con un aparato económico capaz de recaudar impuestos, crear plazas laborales y fomentar el establecimiento de empresas.

Aquí radica una de las misiones primordiales para el país y para la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, pues no basta con confiar en que factores externos como el fenómeno de la relocalización industrial, la reactivación de Estados Unidos o los avances tecnológicos impulsen el desarrollo nacional. Es necesario definir con precisión qué sectores se deben impulsar, el grado de valor que se pretende añadir y la posición que el país busca ocupar en las cadenas logísticas internacionales durante los próximos veinte años.

Durante décadas, México consolidó una sólida infraestructura manufacturera al integrarse en los procesos de las industrias automotriz, electrónica, aeroespacial y de dispositivos médicos, aprovechando su cercanía geográfica con la Unión Americana, los acuerdos comerciales y la experiencia de su fuerza laboral. No obstante, la siguiente fase evolutiva no debe circunscribirse exclusivamente a la atracción de plantas dedicadas al simple ensamblaje de mercancías concebidas y patentadas en el extranjero.

El país demanda incrementar sus exportaciones, pero primordialmente requiere elevar la calidad de estas mediante la incorporación de mayor valor agregado local, diseño propio, innovación, ingeniería y tecnología nacional. El éxito económico no puede cuantificarse únicamente por el volumen monetario de las ventas al exterior, sino por la proporción de contenido nacional que efectivamente contienen dichos productos al cruzar las fronteras.

Una planta industrial puede reportar cifras multimillonarias en exportaciones y, al mismo tiempo, aportar un margen reducido de valor interno si depende de la importación de insumos, tecnología y servicios especializados. En contraste, cuando alrededor de las grandes corporaciones se consolida una red de proveedores locales capaces de fabricar componentes y certificar estándares de calidad, la inversión extranjera se transforma genuinamente en desarrollo nacional.

Ese debe ser el propósito fundamental de la relocalización de empresas: trasladar no solo infraestructura fabril, sino también conocimiento tecnológico que permanezca en el país. El verdadero triunfo se medirá observando el crecimiento de los proveedores nacionales, la capacitación de los trabajadores y la consolidación de empresas locales en los mercados internacionales.

Asimismo, la estrategia de desarrollo no debe centrarse de manera exclusiva en la digitalización, la inteligencia artificial o los semiconductores; aunque estas áreas son prioritarias, una economía fuerte exige diversificación. El territorio nacional posee un potencial notable en la agroindustria, la producción de alimentos procesados, el sector farmacéutico, la industria química y la fabricación de maquinaria compleja.

Aprovechar los recursos primarios mediante su transformación en bienes de mayor complejidad permitirá retener una mayor proporción de la riqueza generada dentro de las fronteras nacionales. De este modo, la producción secundaria se erige como una prioridad orientada a multiplicar el valor de los bienes mediante el diseño, el empaque y la comercialización especializada.

Esta transformación productiva contribuirá también a disminuir la vulnerabilidad derivada de la alta dependencia comercial con el mercado estadounidense, permitiendo diversificar los destinos de exportación hacia Europa, Asia y América Latina. En este contexto, el desarrollo del capital humano resulta indispensable, ya que la competitividad actual no depende únicamente de salarios competitivos, sino de las capacidades técnicas y profesionales de la fuerza laboral.

La productividad debe entenderse como la integración de mejores conocimientos, herramientas y procesos que permitan optimizar la labor diaria, asegurando que los beneficios económicos sean retribuidos a los trabajadores mediante remuneraciones justas. Construir este círculo virtuoso demanda infraestructura adecuada, seguridad jurídica, energía confiable y una estrecha vinculación entre la academia y el sector productivo.

México cuenta además con la ventaja demográfica de una población joven en comparación con las economías desarrolladas, un bono que únicamente reportará beneficios si se acompaña de educación, salud y oportunidades laborales. El reto radica en asegurar que los mexicanos ocupen puestos de alta especialización dentro de la cadena productiva, consolidando un crecimiento regional equilibrado y diversificado que trascienda las ventajas geográficas tradicionales y las transforme en competitividad permanente.