Trump cede a la presión de Silicon Valley y firma una orden ejecutiva de IA rebajada
La administración Trump ha firmado hoy, 2 de junio de 2026, una orden ejecutiva que revoluciona el régimen regulador del desarrollo de inteligencia artificial (IA). Esta nueva normativa reduce significativamente los plazos de revisión voluntaria para la evaluación de modelos avanzados, desde 90 a “no más de” 30 días. Además, descarta cualquier obligatoriedad en el proceso, otorgando un papel primordial a las propias empresas en la definición de qué modelos quedan sujetos a escrutinio. El objetivo principal es aliviar las restricciones que podrían entorpecer el crecimiento de la industria tecnológica.
David Sacks, conocido como “el zar de la IA” del gobierno Trump, ha sido fundamental en lograr estos cambios. Según informes fidedignos, presionó vigorosamente para evitar medidas que podrían ser perjudiciales para las empresas y competir con potencias tecnológicas extranjeras.
Esta nueva orden ejecutiva se traduce prácticamente en una declaración de principios: Estados Unidos pretende garantizar que la innovación en IA prospere sin excesivas regulaciones. El documento mantiene el marco de colaboración entre gobierno y empresas para pruebas iniciales, pero los plazos más cortos pueden acelerar el lanzamiento de nuevos modelos antes de que se completen todas las evaluaciones.
No obstante, la orden no elimina por completo la supervisión. El Departamento del Tesoro liderará un clearinghouse interagencial de ciberseguridad centrado en IA, un punto de encuentro voluntario entre empresas privadas y agencias federales para identificar y responder a vulnerabilidades. Se espera que esta iniciativa brinde una mayor coordinación entre los sectores público y privado.
Aunque el clearinghouse tiene potencial para ser un instrumento de inteligencia defensiva, su eficacia dependerá de la voluntad de las empresas participantes. Sin obligaciones legales, corre el riesgo de no lograr una verdadera protección contra amenazas emergentes.
El vector de amenaza principal identificado es la falta de regulación exhaustiva que podría permitir explotar vulnerabilidades por parte de servicios hostiles. La administración Trump ha confiado en que las empresas privadas serán capaces de proteger sus propios intereses sin intervención federal directa.
Esta nueva orientación regulatoria tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional y las alianzas internacionales. Si los modelos de IA se lanzan sin revisiones completas, podrían contener backdoors u otros riesgos que beneficien a servicios extranjeros hostiles. El historial reciente demuestra cómo descuidos en el desarrollo tecnológico pueden tener consecuencias graves.
El nivel de clasificación de los benchmarks desarrollados por la NSA es elevado, probablemente Secreto o Top Secret, lo que refleja la importancia del tema para la inteligencia nacional. Sin embargo, esta información avanzada contrasta con el enfoque voluntario general de la nueva regulación.
Aunque se prevé que la administración pueda ajustar su posición ante incidentes graves, por ahora, la pelota está en los tejados de las propias tecnológicas. Su influencia sobre los procesos de revisión y evaluación podría aumentar significativamente.
