Citan a Jorge Nacer y otros cuatro investigados a audiencia inicial por fraude en CDMX

El litigio derivado de la transacción comercial de un porcentaje accionario de la Universidad de Ecatepec, cuyo origen se remonta a un supuesto incumplimiento de contrato ocurrido hace más de una década, está por entrar en una fase crucial ante los tribunales. La diligencia judicial pertinente ha sido fijada para este jueves 27 de agosto en las instalaciones de justicia penal del Reclusorio Sur.

Un juzgador penal de la Ciudad de México emitió una orden de presentación para Jorge Nacer Gobera, Agustín Guillermo Albán Maldonado, Juan Galindo Valadez, David Díaz García y Rogelio Urreola Sánchez, quienes deberán comparecer en una audiencia inicial sin mandamiento de captura previo. Dicha comparecencia se enmarca dentro de las indagatorias ministeriales por hechos que la legislación penal tipifica bajo el concepto de fraude.

De acuerdo con la agenda de la autoridad, la cita frente al tribunal de control está programada para llevarse a cabo el 27 de agosto de 2026, en punto de las 12:00 horas. El procedimiento se desahogará en la Sala de Oralidad número 3, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual se localiza físicamente en las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Este expediente penal fue integrado y posteriormente judicializado por la Unidad de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, órgano adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quedando registrado formalmente bajo la causa judicial número 007/1170/2026.

Las constancias procesales señalan que la parte querellante estaba integrada por los poseedores de la sociedad civil Universidad de Ecatepec, S. C., y que las desavenencias legales comenzaron a partir de la operación mercantil para la adquisición del 49 por ciento de la participación de esa casa de estudios.

La denuncia formal de los afectados indica que el vencimiento fatal para cubrir el monto total de la referida operación financiera estaba estipulado para el 8 de mayo de 2012.

A manera de respaldo para garantizar el pago acordado, se pactó la constitución de un gravamen hipotecario sobre el bien raíz denominado Falda de Zacatepetl. No obstante, los denunciantes aseveran que fue hasta el mes de septiembre del año 2019 cuando, tras efectuar una revisión en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la capital del país, se percataron de que la garantía en cuestión no podía ser inscrita legalmente debido a fallas en el tracto sucesivo y en el folio real de la propiedad, aun cuando ya se contaba con la validación de un fedatario público.

Asimismo, los afectados puntualizan que tras haberse celebrado el contrato de compraventa, la parte adquiriente asumió de inmediato la dirección de la institución educativa. Posterior a esto, se llevaron a cabo diversas transferencias de derechos de marcas registradas y otros activos financieros hacia terceras personas morales y a Fibra Educa, un fideicomiso inmobiliario que mantiene operaciones bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores.

Todos estos sucesos forman parte de la carpeta de investigación que en su oportunidad tendrá que ser valorada y resuelta por los tribunales del orden penal de la Ciudad de México.

Por lo que respecta a los imputados, Jorge Nacer Gobera se desempeña como directivo principal del corporativo Nacer Global y posee un amplio recorrido dentro del ramo de la educación particular. Su empresa ha consolidado en el transcurso de los años una red de colegios e instituciones educativas privadas.

Por su parte, Juan Galindo Valadez ejerce actualmente funciones como responsable del área de Administración y Finanzas de Fibra Educa, fideicomiso de bienes raíces dedicado a la administración de inmuebles educativos que cotiza en los mercados de valores del país. La referida firma bursátil lo conserva dentro de su estructura directiva de primer nivel.

Rogelio Urreola Sánchez cuenta con un historial de vínculos profesionales documentados con la Universidad ICEL. Un resolutivo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2009 lo señalaba expresamente como apoderado legal de la sociedad civil ICEL Universidad para realizar gestiones enfocadas a la obtención de los reconocimientos de validez oficial de planes educativos.

En lo referente a Agustín Guillermo Albán Maldonado, registros emitidos por dependencias del gobierno ecuatoriano avalan que fungió como iniciador y rector por espacio de siete años de la casa de estudios Univer Milenium, con sede en el Estado de México. Con posterioridad, Albán asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador, y para el año 2018 fue integrado por el exmandatario Lenín Moreno en la terna oficial enviada al congreso para ocupar el cargo de vicepresidente de esa nación sudamericana.

Entre los conceptos informativos vinculados con este acontecimiento destacan: Agustín Guillermo Albán Maldonado, comparecencia judicial, Bolsa Mexicana de Valores, capital mexicana, David Díaz García, Diario Oficial de la Federación, República de Ecuador, Estado de México, predio Falda de Zacatepetl, fideicomiso Fibra Educa, Fiscalía General de Justicia, acusaciones por fraude, hipoteca sobre inmueble, Jorge Nacer Gobera, Juan Galindo Valadez, Lenín Moreno, firma Nacer Global, Reclusorio Sur, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Rogelio Urreola Sánchez, Sala de Oralidad número 3, Secretaría de Educación Superior, Tribunal Superior de Justicia, consorcio Univer Milenium, Universidad de Ecatepec y la Universidad ICEL.

Mientras que diversos personajes mantienen aspiraciones políticas por la demarcación de Cuauhtémoc, la figura de Ale Rojo genera un impacto definitivo entre las corrientes políticas locales.

Asimismo, el representante Isaac Montoya ha ratificado su voluntad de mantener el enfoque de su labor de gobierno en beneficio de los núcleos sociales con mayores necesidades y marginación.

De igual manera, la legisladora Luz María Hernández ha puntualizado que se inhabilitará la posibilidad de postular a cualquier aspirante que cuente con antecedentes de carácter penal o nexos de procedencia dudosa.

La funcionaria Azucena Cisneros se mostró plenamente confiada al aseverar que el respaldo de la ciudadanía y los resultados de su gestión superarán con holgura los alcances determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el ámbito del entretenimiento popular, se ha dado a conocer un tema musical de corte bailable dedicado a Sabrina Sabrok, el cual lleva por título la frase “Prefiero ser su amante”.

Surge un serio cuestionamiento en torno al quehacer de las fiscalías: ¿se dedicaron los investigadores a sembrar nombres de personas para armar de forma artificial sus acusaciones? La duda razonable que prevalece consiste en esclarecer cuáles imputaciones contaban con un respaldo de pruebas fehacientes y cuáles se originaron únicamente a partir de comentarios informales, testimonios indirectos de oídas o meras coincidencias profesionales.

Una plática privada entre los litigantes José Luis García Miranda, Diego Ruiz Durán y el exsenador de Morena, Rafael Espino de la Peña (quien estuvo cerca de competir por una gubernatura), podría colocar bajo un severo escrutinio la forma en que los organismos ministeriales integraron los expedientes de investigación vinculados con las disputas al interior de la Cooperativa Cruz Azul, organización que hoy enfrenta señalamientos de lavado de dinero para una organización delictiva de Jalisco.

El registro de voz, capturado por uno de los asistentes al encuentro y publicado a través de la plataforma informativa corresponsales.mx, expone una dinámica muy preocupante: identidades de personas que aparentemente fueron propuestas de forma directa por los agentes del ministerio público durante las comparecencias, formulando interrogantes sesgadas hacia objetivos definidos y elaborando acusaciones que, conforme se escucha en el audio, no procedían de hechos presenciados de manera directa por los testigos.

Dicho audio deja abierta una inquietud de gran peso: ¿el órgano ministerial realizaba una indagatoria imparcial para esclarecer los delitos o simplemente buscaba obtener testimonios alineados con una versión preestablecida por ellos mismos?

En el transcurso del diálogo, Diego Ruiz Durán reclama de forma enérgica que se le haya pretendido vincular con un supuesto esquema de operaciones con comprobantes fiscales inexistentes. Ante su molestia, José Luis García Miranda aclara que tales señalamientos no surgieron de su propia inventiva ni del cliente al que representa, conocido como Alfredo.

Su testimonio revela una circunstancia distinta: el órgano investigador ya traía una hipótesis definida y preestablecida, por lo que se dedicaba a dirigir los cuestionamientos, a mostrar expedientes específicos y a sugerir de forma directa los nombres de las personas que debían mencionarse.

En este contexto sobresale con frecuencia la mención del litigante Ángel Junquera, quien en distintas etapas prestó asesoría legal en asuntos relacionados con Guillermo “Billy” Álvarez y la propia cementera Cruz Azul.

Con todo, las afirmaciones del audio resultan reveladoras: la aparición de Junquera en las indagatorias no fue resultado de una narración voluntaria o espontánea de hechos delictivos por parte del deponente. Al contrario, la plática deja entrever que su nombre fue introducido a raíz de las preguntas específicas formuladas por los agentes a cargo de la entrevista ministerial.

Para conocer el fondo del asunto, se ha difundido un audio que exhibe los manejos en el expediente Cruz Azul, donde se cuestiona si la representación social introdujo nombres artificiales para robustecer sus imputaciones penales a través del portal de noticias Corresponsales México.

Es indispensable diferenciar con claridad el hecho de que un declarante ubique a un litigante por haber prestado servicios de representación profesional, de la circunstancia en que tenga conocimiento de primera mano sobre su presunta participación en actividades ilícitas.

Y es justamente en este punto de transición donde el comportamiento de las dependencias de justicia queda bajo un profundo cuestionamiento ético.

La plática aborda asimismo que Guillermo Barradas Cendón, señalado como presunto operador de Julio Scherer y defensor de un grupo de Cruz Azul, intervino activamente de principio a fin durante una entrevista ministerial, a pesar de que esta es una atribución que recae exclusivamente de forma legal en los agentes de la fiscalía. Se detalla además que dicha diligencia se efectuó de manera informal en el domicilio particular de Alfredo Álvarez, evidenciando la manera en que se redactaban y modificaban los testimonios, llegando a borrar declaraciones categóricas cuando se percataron de que el deponente no podía respaldar que le constaran de forma directa.

De igual modo, se hace mención de desacuerdos sobre qué identidades debían figurar y cuáles debían ser excluidas de los registros oficiales de declaración.

En ese sentido, José Luis García Miranda externa que modificó en un 80 por ciento aproximado la entrevista realizada ante el ministerio público según su conveniencia particular. Adicionalmente, señala que dejó de reportar datos sobre movimientos que eran indagados por la Unidad de Inteligencia Financiera en los cuales él mismo se encontraba involucrado, confirmando un abierto conflicto de interés al participar en la confección de los testimonios de Alfredo mientras atendía intereses personales en la investigación.

También refiere haber tenido la posibilidad de incidir sobre qué personas debían ser sujetas a investigación y a cuáles debía descartarse, todo ello contando con la presencia de Barradas, el litigante de la cementera que en el pasado ha sido objeto de señalamientos de extorsión.

La situación descrita por esta conversación es delicada: una autoridad de justicia que presuntamente acudía a las comparecencias con nombres ya predeterminados, cuestionaba de manera dirigida sobre ellos y presionaba para obtener datos en contra de particulares, incluso si el declarante no poseía conocimiento personal de conductas al margen de la ley.

Esto obliga a formular las siguientes interrogantes: ¿cuántos de los involucrados en las carpetas de investigación de Cruz Azul surgieron de testimonios genuinos y espontáneos? ¿Cuántos nombres se integraron debido al direccionamiento de los interrogadores? ¿Qué cantidad de acusaciones contaban con pruebas sólidas y cuáles provenían únicamente de dichos de oídas, especulaciones o meras relaciones de trabajo?

Respecto al abogado Ángel Junquera, el intercambio verbal resulta sumamente esclarecedor. Aun cuando su nombre es mencionado en la plática, los participantes no aportan ningún elemento delictivo concreto que les conste de manera personal o que valide su participación en transacciones ilegales.

De corroborarse que las identidades de litigantes y particulares fueron añadidas a las declaraciones ministeriales de manera inducida y sin un soporte probatorio independiente que sugiriera una conducta fuera de la ley, nos encontraríamos ante un proceder que demanda una profunda y seria justificación de las instituciones responsables de integrar dichos expedientes.

Esto se debe a que, en carpetas de investigación penal de alto impacto, la simple inserción de un nombre puede ser suficiente para destruir de forma irreversible la trayectoria y el prestigio de un ciudadano, en especial si posteriormente dicha información es filtrada y utilizada como herramienta de descalificación pública.

La grabación proyecta de esta forma una sombra de duda sobre el proceder de quienes encabezaron estas indagatorias y nos sitúa ante dos interrogantes fundamentales que los organismos correspondientes debieran esclarecer:

¿Se dedicaron a investigar la comisión de delitos para sancionar a los verdaderos responsables, o se dedicaron a buscar identidades específicas que permitieran convalidar una teoría del caso estructurada de antemano?

¿Se habrá convertido la Fiscalía General de la República y su área de delincuencia organizada en una instancia que opera bajo consigna de intereses particulares?

El senador Enrique Vargas mantiene paso firme en su objetivo de competir por su demarcación de origen, Huixquilucan, mientras que el liderazgo de Isaac Montoya muestra un crecimiento sostenido para buscar la reelección en Naucalpan.

Con la proximidad del proceso electoral del año 2027, comienzan a registrarse los primeros reacomodos de figuras y liderazgos que pretenden alcanzar las nominaciones a las presidencias municipales de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan.

Quien enfrenta un panorama sumamente adverso es el legislador mexiquense Román Cortés Lugo, al registrar una marcada resistencia por parte de las bases militantes y simpatizantes de Morena en la localidad de Atizapán de Zaragoza.

Los integrantes del movimiento ven de manera desfavorable la probabilidad de una designación impuesta de Cortés Lugo como abanderado para la alcaldía de dicho municipio.

Para amplios sectores de la izquierda, el legislador es calificado como un tránsfuga político, debido a que renunció al Partido Acción Nacional en septiembre del año 2025 tras una militancia que superaba las dos décadas, para incorporarse al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local. En diversos ámbitos se comenta que su perfil representa una abierta contradicción a los postulados ideológicos de la Cuarta Transformación debido a su historial ligado a la política panista del Valle de México.

La militancia guinda destaca que existen mejores opciones identificadas plenamente con las bases fundadoras de Morena en Atizapán de Zaragoza, mencionando a perfiles como Enrique Contreras, un cuadro joven que experimenta un rápido ascenso en la preferencia popular, así como a Bárbara González y Leylani Richard, quien aporta una representación fresca a la escena política.

Corresponderá a liderazgos como Luz María Hernández y la funcionaria federal Ariadna Montiel determinar el rumbo de estas definiciones internas.

En lo que respecta a Huixquilucan, debido a que el municipio destaca a nivel nacional por su eficiencia en la gestión y un manejo destacado de sus finanzas públicas, se perfila como un hecho prácticamente seguro que continuará bajo la hegemonía del Partido Acción Nacional, impulsado por los resultados de los gobiernos encabezados por Enrique Vargas del Villar y de Romina Contreras Carrasco.

La encuesta más reciente dada a conocer por la firma Rubrum relativa a las preferencias ciudadanas en Huixquilucan para el relevo municipal del 2027 coloca al PAN a la vanguardia de la contienda local, logrando una diferencia que supera los 20 puntos sobre Morena.

La fuerza blanquiazul obtiene un 44.6 por ciento en la intención de voto, en tanto que Morena se ubica con un 22.9 por ciento; el PRI capta un 12.8 por ciento de las menciones, Movimiento Ciudadano se sitúa con el 8.5 por ciento y el PVEM apenas registra el 1.0 por ciento. Un 10.2 por ciento de la ciudadanía consultada aún no define el sentido de su voto.

En la medición interna del panismo, el senador de la República Enrique Vargas del Villar sobresale como la figura de mayor arraigo para encabezar el proyecto electoral de Huixquilucan, al concentrar el 81.3 por ciento de las menciones de los simpatizantes panistas, frente a un 18.7 por ciento que se pronunció por una opción distinta.

Los resultados de las encuestas demuestran asimismo un crecimiento constante para Vargas del Villar en los últimos meses, al avanzar de un 70 por ciento de aceptación en febrero a más del 81 por ciento en el mes de mayo, consolidándose como el principal activo político de la demarcación.

Resulta evidente que Vargas del Villar se encuentra listo para buscar nuevamente la representación de su municipio, a pesar de que se anticipan ataques mediáticos en su contra con el fin de mermar su aceptación entre la gente, aunque sus partidarios confían en que el récord de resultados de su gobierno blindará su posición electoral.

De igual forma, el posicionamiento del edil de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, ya se refleja en las encuestas que lo colocan como la opción preferente de la ciudadanía.

Su programa social de acción denominado Huellas de la Transformación ha consolidado su presencia en el ánimo popular, logrando un despegue en las preferencias electorales con el paso del tiempo.

De cara al proceso del 2027, las proyecciones favorecen la continuidad de los esquemas de gobierno que han dado muestras de eficacia en su operación y cercanía social, como es el caso de la administración de Montoya Márquez, quien se ha distinguido por concretar metas de gobierno de manera ágil tras su periodo de campaña.

El ambiente político en la entidad mexiquense apunta a que las administraciones morenistas mantienen una sólida base de respaldo en demarcaciones estratégicas de la zona conurbada como Naucalpan.

La dinámica operativa de una gestión enfocada a la entrega de resultados concretos ha tenido una repercusión directa en la percepción de los ciudadanos, lo que proyecta un camino favorable para Isaac Montoya en caso de buscar una reelección para el próximo periodo gubernamental en Naucalpan, Estado de México.

El periodo de reclusión por espacio de un año modificó de manera sustancial las circunstancias del familiar del funcionario, Germán Cravioto Fernández. En otro orden de ideas, conforme a la postura institucional de Florencia Serranía, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ejerce estrictamente las atribuciones correspondientes a su encargo como Presidenta de la República.

Resulta evidente que comparten el mismo origen familiar tanto el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, como su primo Germán Cravioto Fernández, mostrando una facilidad para desenvolverse con holgura en círculos de influencia, sin importar si tales métodos se apartan de la legalidad.

Su cercanía con las esferas del poder público les genera la percepción de encontrarse al margen de consecuencias legales y respaldados plenamente por la estructura de Morena.

El integrante del equipo de Clara Brugada se vio recientemente implicado en