Bruselas aguarda reformas contra la deriva antidemocrática de Orbán para desbloquear miles de millones europeos a Hungría

El nuevo Gobierno de Péter Magyar tiene que revertir las reformas antidemocráticas de la era de Viktor Orbán y corregir su deriva antiliberal si quiere que vuelvan a fluir hacia Hungría los fondos europeos, que Bruselas mantiene congelados por las vulneraciones del Estado de derecho cometidas por el primer ministro nacionalpopulista. El Ejecutivo comunitario aguarda las primeras acciones del nuevo Gobierno de Tisza, el partido que ha acabado con la era Orbán, tras 16 años en el poder con una contundente victoria en las urnas este domingo. Hungría necesita reformas en el sistema judicial, educativo —para corregir las vulneraciones contra las personas LGTBI+— y del derecho al asilo para recuperar unos 18.000 millones en fondos europeos que la Comisión mantiene retenidos debido a su retroceso democrático. Además, el país centroeuropeo aguarda otros casi 17.000 millones de euros en préstamos para robustecer su defensa.

Este lunes, en plena resaca eufórica en Bruselas por la derrota de Orbán —alfil de Vladímir Putin y Donald Trump en la UE—, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado muy optimista sobre los plazos para descongelar los fondos. Aunque ha recordado que primero debe asumir el cargo.

La conservadora alemana ha remarcado: “Si observan las declaraciones de Péter Magyar y sus anuncios públicos durante la campaña electoral, verán que tiene muy claro el camino europeo y que se compromete, junto con el nuevo Gobierno, a seguir trabajando con nosotros en los diferentes temas pendientes”.

“Para mí, es muy importante que trabajemos intensamente con el nuevo Ejecutivo húngaro en los fondos que deben entregarse, en las reformas que deben implementarse. Fondos que pueden entregarse porque el pueblo húngaro se lo merece”, ha remarcado Von der Leyen. Sin embargo, ha advertido: “Queda mucho trabajo por hacer para que Hungría retome su camino europeo”.

En Bruselas se espera también que Magyar desbloquee el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania que Orbán mantenía bloqueado, pese a que en diciembre accedió con el resto de líderes a ese salvavidas financiero con la condición de que Hungría no tuviera que participar. Magyar, un disidente de Fidesz, el partido de Orbán, es proeuropeo, pero no se caracteriza por ser especialmente pro-Ucrania. Por eso, varias fuentes comunitarias creen que el nuevo Gobierno desbloqueará el préstamo discretamente. Sin grandes alharacas.

Hungría, con una situación económica complicada, necesita enormemente esos fondos europeos. El país centroeuropeo, de 9,7 millones de habitantes y que es la decimoctava economía de la UE, acabó en 2025 con un déficit por encima del 4%. Muy tocada desde la pandemia, Hungría no ha sido capaz de embridar sus cuentas públicas en esta década.

Y esa complicada situación financiera, frente a la relativamente acomodada de sus vecinos, como Polonia, es uno de los puntos, junto a la corrupción, que ha llevado a la derrota de Orbán y su partido, Fidesz, señala Zsuzsanna Végh, investigadora del German Marshall Fund. Esos problemas de crecimiento económico han hecho que muchos ciudadanos húngaros voten contra el nacionalpopulista también por la idea de que Hungría se convierta en un país europeo “normal” y recupere sus fondos, coincide Piotr Buras, de la oficina de Varsovia del centro de análisis ECFR.

La erosión constante del Estado de derecho en Hungría llevó a la Comisión Europea a congelar buena parte de los fondos que tenía que entregar a Budapest por varios programas: el plan de Recuperación y los fondos de Cohesión. Entre ambos llegó a tener retenidos cerca de 30.000 millones en 2022 y 2023. No obstante, a finales de este segundo año y tras una tensa negociación, con chantaje del Gobierno de Orbán bloqueando la revisión del presupuesto europeo y un préstamo a Ucrania (uno anterior al que ahora está sobre la mesa), Bruselas liberó más de 10.000 millones. Pero el resto sigue bloqueado, una cantidad que está en torno a los 18.000 millones.

La vulneración de principios democráticos por parte del Gobierno ultraderechista llevó al Ejecutivo europeo a recurrir a todas las posibilidades que ofrece la legislación europea para congelar fondos a los Estados miembros. Incluso estrenó el reglamento de condicionalidad, una herramienta legal que le permitía bloquear el dinero de las políticas de cohesión cuando se demuestra que el deterioro institucional pone en riesgo el dinero del presupuesto de la UE. En la justificación que presentó entonces para reclamar a las capitales que activaran ese instrumento se denunciaron gravísimos problemas en la contratación pública.

Cambios en la justicia, la universidad y el sistema de asilo

Para poder liberar todo el dinero, la Comisión exige reformas que refuercen la independencia de la justicia, el respeto a los derechos LGTBI+ o el derecho de asilo. Y en estos campos, Orbán ha hecho pocos avances en los últimos años. Esto queda claro en el capítulo húngaro de la última edición del informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE. Según ese documento, presentado en julio de 2025, Budapest no ha hecho avances en transparencia para las designaciones de jueces, en el seguimiento de los grandes casos de corrupción, en la independencia de los medios de comunicación públicos, en los obstáculos puestos a organizaciones de la sociedad civil o en reformas necesarias sobre puertas giratorias y lobbies.

Resolver toda esta maraña no será fácil, apuntaban hace un par de semanas en la capital de la UE desde el entorno del vencedor en las elecciones del pasado domingo. Y se miraba al ejemplo de Polonia, otro país que tuvo fondos congelados por erosionar el Estado de derecho. El dinero empezó a fluir hacia Varsovia cuando hubo un cambio de Gobierno —los ultraconservadores del PiS perdieron el poder en favor de Donald Tusk, del PP europeo— y desde el nuevo Ejecutivo se empezaron a emitir señales de que se iban a hacer reformas democráticas.

Aquel giro respecto a Polonia sucedió en abril de 2024, unos meses después de que Tusk se convirtiera en primer ministro y sin que hubiera podido todavía sacar adelante reformas por la oposición del presidente del país. No obstante, bastó el compromiso de quien fuera presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019 de que iba a hacer lo que se le reclamaba. Algo similar desearía el nuevo Gobierno húngaro para que fluya el dinero hacia Budapest.

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