La encrucijada de la soberanía
En el complejo entramado político internacional no existen acuerdos claros. Por ello, las recientes acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuesta colaboración con los cárteles y la participación presunta de la CIA en operativos en México, deben ser interpretadas como más que una mera provocación o un expediente legal.
Se trata también de un mensaje político, diplomático y comercial destinado a influir en el gobierno mexicano durante uno de los momentos más críticos en la relación bilateral: el inicio de las negociaciones para revisar el T-MEC el 6 de junio próximo. Washington optó por golpear donde más duele.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con Los Chapitos y facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa. El impacto político es considerable, quedando grabado en la conciencia nacional el día antes de las elecciones intermedias, ya que el ataque apunta directamente a Morena y a un gobernador cercano al obradorismo.
El mensaje no termina ahí. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico. Además, reveló que un juez mexicano habría sido imputado recientemente.
Blanche explicó que varios narcotraficantes extraditados durante el último año ya colaboran con la justicia estadounidense y podrían aportar información contra funcionarios mexicanos. Entre quienes negocian con fiscales estadounidenses destacan Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. La posibilidad de que esos personajes entreguen información sobre redes de protección política mantiene en alerta al gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió exigiendo pruebas y rechazando cualquier señalamiento sin evidencia concluyente. Sin embargo, el problema central sigue siendo la infiltración del narcotráfico en estructuras de gobierno, policías, fiscalías y campañas electorales.
El estudio académico “Criminal Governance and Political Violence in Mexico”, difundido en 2024, documenta cómo organizaciones criminales buscan capturar gobiernos municipales y estructuras políticas mediante financiamiento ilícito, intimidación y asesinatos.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló que encubrir a mandatarios aparentemente ligados con el crimen es traición a la patria, no erradicar narcolaboratorios. El contexto internacional agrava aún más el escenario con Donald Trump regresando fortalecido tras capitalizar el golpe geopolítico contra Nicolás Maduro y endurecer su discurso hemisférico.
A ello se suma la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que transforma el problema del narcotráfico en un asunto de seguridad nacional para Washington. Las amenazas de intervención ya no parecen simple retórica electoral. Trump volvió a advertir que, si México “no hace el trabajo”, Estados Unidos lo hará.
La declaración ocurre además en medio de revelaciones sobre cooperación entre agencias estadounidenses y autoridades chihuahuenses y un operativo sin pleno conocimiento del gobierno federal. Ni siquiera las concesiones recientes parecen suficientes. Desde 2025, México ha extraditado a más de 90 criminales de alto perfil, entre ellos Rafael Caro Quintero y Omar Treviño Morales, El Z-40, en un intento por mostrar cooperación con Washington. Pero la presión continúa creciendo.
Las señales estaban ahí desde hacía semanas. Antes de la acusación contra Rocha Moya, el embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó en Sinaloa un discurso contra la corrupción y advirtió que la inversión extranjera “huye donde no hay certeza”.
México tiene razón en defender su soberanía. Pero también debe reconocer que el mayor riesgo para esa soberanía no proviene únicamente de Washington, sino de décadas de corrupción y tolerancia que permitieron al narcotráfico infiltrarse profundamente en el aparato del Estado.
Avanza en Guerrero, entidad que gobierna Evelyn Salgado, la rehabilitación de espacios públicos con el programa “Obras que Transforman”; realiza importantes obras sociales en municipios de la región Norte, específicamente en Apaxtla, Teloloapan, Tetipac y Pilcaya. De los proyectos con un importante avance, se encuentran el boulevard de Apaxtla de Castrejón, el parque municipal de Teloloapan y el mercado municipal de Tetipac.
En Oaxaca, todo está listo para la 94 edición de la Guelaguetza. El gobernador Salomón Jara presentó la cartelera oficial de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, en el que se realizarán más de 140 actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas para compartir la riqueza de Oaxaca con México y el mundo.
