El régimen sionista inicia ola de demoliciones de establecimientos palestinos en Jerusalén

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Los comerciantes afectados declaran que sus únicas fuentes de ingresos se verán seriamente comprometidas, y añaden que Israel utiliza argumentos urbanísticos para desalojar a la población palestina del territorio involucrado.

El suburbio de Al Eizariya, situado a tres kilómetros al este de Jerusalén, ha recibido en esta semana hasta 50 órdenes de Israel para demoler inmediatamente los negocios ubicados en la carretera principal, donde el país planea construir un acceso directo con Maale Adumim, el asentamiento más grande que posee en Cisjordania.

En las últimas semanas, vehículos blindados del Ejército israelí han llegado a los almacenes, talleres y otros establecimientos de la mencionada carretera, dando aviso a sus dueños palestinos de que deben abandonar el área antes del próximo domingo.

Omar Rayub, de la oficina de Información de la Gobernación de Jerusalén, encargada de las áreas al este de la ciudad, explicó a EFE que Israel ha amenazado con llevar a cabo las demoliciones, pese a que los tribunales aún no han emitido una resolución a las apelaciones presentadas por los residentes de Al Eizariya.

“Teníamos hasta mediados de mayo para que saliera una resolución a las órdenes de desalojo que ya recibimos en 2025, pero [el Ejército] va a actuar antes que la Justicia”, agregó Rayub.

Un funcionario de la Autoridad Civil israelí, entidad del Ministerio de Defensa encargada de dirigir el Área C en Cisjordania, respondió a Mohamed Abu Ghalia, dueño de un taller y desguace que estaba programado para ser demolido: “El juzgado soy yo”; esto sucedió cuando Abu Ghalia inquiría sobre la existencia de una orden judicial respaldando las futuras demoliciones en Al Eizariya.

“Ellos son los que deciden, y contra eso no podemos hacer nada”, se lamentó Abu Ghalia, un hombre de 48 años con seis hijos.

Los comerciantes afectados reiteran que verán destruida su única fuente de ingresos y sostienen que Israel está utilizando argumentos urbanísticos para desalojar a la población palestina del territorio en cuestión. Los residentes locales denuncian que las demoliciones podrían llevarse a cabo antes de que los tribunales israelíes resuelvan las apelaciones presentadas ante las órdenes de evacuación.